El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió este martes al aumento de la deuda pública colombiana en el acumulado anual, al considerar que es necesario mirar con cuidado el comportamiento de variables macroeconómicas que puedan impactarla como la tasa de cambio, las tasas de interés y la tasa de inflación.

Rodríguez Becerra reportó que respecto a 2020, la deuda total del sector público en términos nominales fue de $137,23 billones, lo que representa un aumento de un 18,6%.

“Fue así como pasó de $737,65 billones en 2020 (73.9% del PIB) a $874,88 billones, saldo que equivale al 74.3% del Producto Interno Bruto”, leyó ante la Comisión Legal de Cuentas.

La deuda externa presentó un incremento de $62,17 billones en el acumulado anual, mientras que la deuda interna registró un aumento de $50,25 billones.

En ese sentido, pidió al Congreso de la República “sincerarnos con las cifras”, de tal manera que “haya una especial responsabilidad en la que no se modifiquen leyes de mayor jerarquía por unas de menor categoría, que lleven a posibles variaciones presupuestales, y a través de maniobras se justifiquen esas variaciones”.

En el mismo análisis concluye que los cambios en las tasas de interés y la variación de la tasa de cambio afectaron el servicio de la deuda.

El servicio de la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2021 ascendió a $73,84 billones (6,3% del PIB), de los cuales $41,16 billones correspondieron a amortizaciones y $32,68 billones a pago de intereses y comisiones, leyó.

Según el Rodríguez Becerra, la dependencia a su cargo considera necesario evaluar las condiciones de la deuda pública para su sostenibilidad en el mediano plazo, si se tiene en cuenta el nivel histórico que alcanzó en 2021.

En concepto de la Contraloría, aún existen otras incorrecciones “recurrentes” en algunas entidades como la DIAN Recaudadora, por debilidades en el control de cuentas por cobrar que desembocaban en saldos contrarios, en Reficar, por sobrecostos en las propiedades, planta y equipo, y en Invías, ANI y Aerocivil por errores de registros de bienes de uso público en servicio y concesiones.